MALTRATO INFANTIL:

¿ES POSIBLE CONSTRUIR PROCESOS JUDICIALES

QUE EMPODEREN A LAS FAMILIAS?

Por Eduardo José Cárdenas [1]

Hace 21 años Augusto Mario Morello escribió un artículo que sigue siendo un proyecto para el futuro. Vale la pena releerlo cada tanto. Se llama “Un nuevo modelo de justicia”. [2] Allí se presentaba la imagen de un nuevo juez que fuese creador, acompañante, entrenador y protector de sociedades en crisis dentro la gran sociedad postmoderna.

El amplio proceso de maduración de la cultura y de la conciencia política ocurrido en estos decenios permite avanzar en la concreción de un magistrado que trascienda lo que entendemos por juez. “No hay disonancias en que recorremos una ocasión inédita para verificar la experimentación de nuevas formas de justicia”, dice Morello en el trabajo citado. [3]

“En la órbita de una sociedad posindustrial, los participantes en los asuntos sociales son partes integrantes y necesariamente colectivas”, dice Morello. Y continúa: “El juego social es ahora esencialmente un juego en el que el juez está empujado a salir de su rol pasivo de árbitro para adoptar la actitud del ‘entrenador’ que algunas veces por sus consejos, mientras otras por sus decisiones, se esfuerza en concurrir a la ‘victoria colectiva’ ”. [4]

En estas condiciones, añade el maestro, “el perfil del juez se modifica radicalmente. Sus conocimientos jurídicos y procedimentales, si bien son indispensables, dejan de ser suficientes (…). Generalmente la multiplicación de conocimientos exigidos a los jueces corresponde a la multiplicación de los roles que han tenido que asumir. (…) Ello lleva a una nueva intensidad de comunicación con el justiciable que se asocia a la solución, (…) el juez opera como un agente de cambio social”, determina Morello. [5]

Lo que propongo aquí es experimentar un procedimiento que asocie al colectivo que rodea a la familia dentro de la cual un niño es maltratado a la solución, para mejorar la calidad de agente de cambio social que detenta el magistrado. En otras palabras: utilizar el proceso como un instrumento de cambio para generar competencia, poder y espíritu colaborativo en los participantes, a través del mismo proceso.

A este fin mis preguntas son las siguientes: [6]

¿Qué pasaría si el tercero denunciante, cualquiera sea el mismo (un policía, un vecino, una médica, una psicóloga, un familiar, una maestra jardinera, un docente, etc.) integrase el proceso? Mi experiencia me da una respuesta positiva. Habitualmente no se lo convoca a las audiencias ni se recaba su opinión sobre futuras decisiones. Se lo ignora porque no es “parte”. Su figura se diluye o se esconde detrás de la figura del Defensor de Menores o, ahora, del abogado del niño, siempre y cuando ellos no los llamen para colaborar en el proceso, como aquí se propone.

¿Qué ocurriría si en una audiencia el juez estimulara a la familia a comprender el sufrimiento que hizo que el denunciante actuara, al denunciante a comprender los esfuerzos que hacen los adultos de la familia para criar a sus hijos, a todos a realizar una tarea colaborativa a favor del niño y de ellos mismos? ¿Si esta tarea colaborativa se plasmase en una serie de “próximos pequeños pasos” consensuados entre denunciante, familia, juez, defensor de menores y abogado del niño? El juez, el defensor de menores y el abogado del niño añadirían ideas, planes y sugerencias pero buscarían el consenso sincero y luego se limitarían a evaluar, dar el visto bueno y homologar lo convenido. Podrían acordarse nuevas audiencias, seguimientos, controles, pedidos de recursos a otras instituciones públicas y privadas, etc.

¿Qué pasaría si el juez no sólo recibiese al denunciante y familia denunciada, sino a toda la red social que los rodea y crease un contexto de conversaciones abiertas, incorporando a la toma de decisiones consensuadas con él a la familia, incluida la extensa, a los referentes significativos, a los profesionales, a los denunciantes, a los eventuales guardadores y a las instituciones a que pertenecen, y al mismo niño (según su grado de madurez y buscando la oportunidad), sus representantes y asesores? ¿Podría hacerlo ocupando su posición de magistrado postmoderno descripta por Morello, sin que ello significase deponer su autoridad, investida de la ley de orden público que pregona que una persona menor de edad debe ser protegida y no maltratada, pero usándola de un modo creativo?

Llamamos “conversaciones abiertas” a aquéllas en que todas las opiniones son respetadas y no rebatidas ni despreciadas, a aquéllas en que los interrogantes son sostenidos y no rápidamente contestados, a aquéllas en que los problemas no se cierran hasta que todos consensúan sus soluciones. Una vez que se sabe que el niño no será dañado nuevamente ¿qué pasaría si las audiencias se transformaran en conversaciones abiertas y sustentables, sin cierres abruptos?

Este proceso es posible si el magistrado tiene:

- capacidad, de percibir las bondades y recursos de las partes del sistema con el que está interactuando. Los denunciantes pueden ser a veces exagerados en sus afirmaciones y posturas, pero también son personas o instituciones sensibles, comprensivas y prontas a ayudar. Los adultos cuidadores pueden ejercer la violencia hasta límites increíbles, pero eso no quita que sean personas que quieren a sus hijos, como dice Rudolf Kempe (el primero en describir el síndrome del niño maltratado, que hoy lleva su nombre). La red social (familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.) puede tener litigios irresueltos, prejuicios y condenas implícitas y viejas facturas impagas, pero también puede colaborar y cerrar filas en torno del niño y de su familia. Si el juez logra crear un clima de respeto y cooperación (que se inicia con su propia actitud respetuosa y cooperativa) entre denunciante, familia y red social, bajará el deseo de culpar y exculparse de cada uno y aumentará la posibilidad de sumar entre ellos.

- espíritu de aventura y coraje como para internarse en un procedimiento que lo puede llevar a lugares inciertos donde su formación como abogado no lo ayudará. Debe confiar en los demás y en su posibilidad de crecimiento (ya que antes ha experimentado que él solo con la ley no puede mejorar la situación) y en que el viaje que harán juntos los llevará a buen lugar (lo que no quiere decir que siempre el niño será reintegrado a la familia de origen, sino que el proceso habrá dado posibilidad de crecimiento y empoderamiento a sus participantes). Y confiar también en que quienes lo rodean, en especial sus superiores, comprenderán lo que está haciendo y lo respetarán o valorarán (de otro modo tendrá que recurrir al reconocimiento de otros referentes de su misma profesión o de otras afines, dando a conocer lo que hace).

- flexibilidad para trabajar en equipo con los profesionales de su misma disciplina y de otras, integrantes del Juzgado y de fuera.

¿Qué sucedería si durante su transcurso el juez escuchara a todos y promoviese la producción consensuada de un plan centrado en objetivos realistas y factibles de implementación, tendientes a la promoción de la familia, para que ésta se ponga en condiciones de proteger y no dañar a la persona menor de edad? ¿Qué ocurriría si se consensuaran, con respecto a ese plan, los fines y los medios, los efectores y los plazos para su realización, de modo que quienes deban llevarlo a cabo y en especial los miembros de la familia, sepan qué es lo que deben cumplir y cuándo, quién y cómo evaluará la situación luego? ¿Qué sucedería si se acordara también, en conversaciones abiertas, las consecuencias que tendría la no consecución de los objetivos propuestos y/o el cumplimiento de los próximos pasos consensuados?

¿Qué ocurriría si los terceros fuertes como los medios de difusión (si se hubiesen interesado en el caso o los organismos de derechos humanos que hayan tenido ocasión de opinar sobre el mismo, etc.) fueran invitados a participar de las conversaciones abiertas? Su intervención ¿no los responsabilizaría más de las soluciones a que se arribara? ¿Acaso no podrían colaborar activamente en el logro de las mismas?

¿Cuál sería el resultado si, inclusive, cuando no hay más remedio que tomar medidas drásticas (internar al niño, excluir a alguien del hogar o inclusive pensar en la posible entrega de la criatura en adopción), el juez y el defensor de menores las conversara no sólo con la familia (salvo que se trate de medidas cautelares cuya ejecución precise del secreto previo, que deban decidirse y ejecutarse de inmediato, antes de la audiencia) sino también con el denunciante (habitualmente temeroso de que su denuncia conduzca a esos extremos) y la red social? A ellos se les puede ocurrir una idea mejor o aceptar las propuestas del Juzgado, siempre que hayan participado antes de las audiencias y otras actuaciones procesales.

¿Qué podría ocurrir si los provisorios guardadores de la persona menor de edad (ama externa, familia sustituta, hogar de tránsito, familia acogedora, miembros de la familia extensa, etc.) formasen parte del equipo que va a consensuar un programa de objetivos y medios para el cambio? Es una de las formas, quizá la principal, de transformarlos en colaboradores y no en antagonistas de la familia de origen. De este modo, los guardadores estarán comprometidos con el éxito de la familia de origen y colaborarán para que el niño que tienen en guarda vuelva a estar con sus padres, en lugar de ver esta devolución como un perjuicio para el niño y por tanto sabotearla inconscientemente, como tan a menudo sucede. [7]

¿Qué pasaría, en suma, si los jueces, para provocar y sostener transformaciones en grupos sociales en crisis que deberían proteger mejor a sus niños, se atreviesen a aceptar la crisis de su propia y tradicional identidad y a navegar, ellos también, transformaciones?

________

Notas

[←1]

E mail: eduardocardenas@estudiodefamilia.com.ar

[←2]

Fue publicado en La Ley (1986-C-800).

[←3]

Art. cit., IV, c). La negrita es mía y he querido resaltar la palabra para mostrar que un hombre sabio y prudente como el autor no teme que, también con sabiduría y prudencia, experimentemos nuevas modalidades de proceso judicial. ¿Por qué no habríamos de hacerlo?

[←4]

Morello, art. cit., VII. En este caso la negrita es de Morello, quien a su vez cita a Francois Ost, en: Gerard, Ph., van der Kerchove, M. y Ost, Francois, Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, ed. Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1983, p. 45.

[←5]

Art. cit., VII y VIII. En este caso la bastardilla es mía.

[←6]

Estas preguntas son una nueva vuelta de tuerca a las Propuestas para el proceso de protección de persona de hoy y de mañana, escrito por el autor en conjunto con Marisa Herrera. Véase el punto 4. “Cómo superar los déficit del sistema actual” y en especial el 4.1., “Cómo el proceso de protección de persona puede promocionar a la familia”. Publicado en Revista Jurídica on line “El Dial” (www.eldial.com), el 30/08/2004.

[←7]

Puede consultarse al respecto con mucho provecho la obra de Minuchin, Patricia, Colapinto, Jorge y Minuchin, Salvador, Pobreza, familia e instituciones, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2000.

Table of Contents

Notas